Grabaciones, documentos y testimonios apuntan a desembolsos multimillonarios, corrupción, arbitrajes opacos, privilegios carcelarios y amenazas para proteger imputados

Una compleja red de presunta corrupción, encubrimiento e intimidación que involucraría a entidades financieras internacionales, abogados, funcionarios judiciales y personal penitenciario quedó al descubierto tras una investigación adelantada por investigadores criminales internacionales y medios de comunicación. El caso, que gira en torno al proyecto Continental Towers, cruza fronteras corporativas y nacionales y tiene como figura central al recluso Jorge Gaitán, actualmente privado de la libertad por delitos como asociación ilícita y hurto agravado.

La investigación se sustenta en audios, documentos internos y testimonios corroborados, que describen un entramado de protección alrededor de Gaitán, así como el uso de mecanismos financieros y legales para limitar la transparencia y obstaculizar la acción de la justicia.

Una serie de documentos conocidos por Hora 13 Noticias relaciona a funcionarios judiciales, abogados, entidades estatales y empresas internacionales en presuntas irregularidades que tendrían impacto en procesos judiciales, penitenciarios y financieros en Guatemala, con conexiones en El Salvador, Perú y el sector empresarial internacional.

En el material aparecen mencionados integrantes de las altas cortes del país, entre ellos Roberto Molina Barreto, de la Corte de Constitucionalidad, y Jenny Alvarado Teni, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. También figuran los magistrados Julio Leal Taracena y Elia Raquel Perdomo, así como los jueces Mario Flores Maldonado y Víctor Cruz.

Los documentos señalan además a funcionarios del Sistema Penitenciario de Guatemala y del Ministerio de Gobernación, donde se menciona a Francisco Jiménez por un presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con el traslado del privado de la libertad Jorge Gaitán.

En el ámbito forense, aparece el nombre del licenciado Aldo Chapas, del INACIF, a quien se le atribuye la presunta elaboración de registros médicos falsificados, según el contenido de los documentos.

Uno de los ejes centrales del informe gira en torno al caso de Jorge Gaitán y su entorno familiar. En ese contexto se mencionan a Geny Lucía Gaitán Castro y Marta Margarita Gaitán Castro, quienes, de acuerdo con el material, estarían siendo investigadas por presunto lavado de dinero. También se hace referencia a procesos de custodia y a presuntas amenazas contra Cristina de Gaitán.

El informe incluye a empresas y fondos internacionales como Goldman Sachs, TPG y Peppertree Capital, además de varias personas vinculadas a estas estructuras financieras. Según los documentos, Peppertree Capital estaría relacionada con pagos y estrategias de defensa frente a investigaciones en curso.

En el capítulo jurídico, se mencionan abogados en Guatemala, El Salvador y Perú, señalados en los documentos por presuntos actos de corrupción o vínculos con estructuras criminales. También se hace referencia al escándalo de sobornos de Odebrecht, como antecedente regional de corrupción.

Finalmente, el material menciona a un medio digital señalado de presuntamente difundir desinformación y versiones favorables a una de las empresas implicadas.

Imagen: cortesía/ Grupo de Investigación Internacional

Hora 13 Noticias aclara que las personas e instituciones mencionadas aparecen referenciadas en documentos y señalamientos, y que será responsabilidad de las autoridades judiciales determinar la veracidad de los hechos y posibles responsabilidades.

Finanzas transfronterizas y desembolsos atípicos

Uno de los principales hallazgos apunta a desembolsos multimillonarios provenientes del exterior, presuntamente vinculados a una institución financiera internacional como Goldman Sachs, con apoyo de Peppertree Capital. De acuerdo con fuentes consultadas, estos recursos habrían sido destinados, en parte, a cubrir costos de defensa jurídica de Gaitán y una indemnización considerada inusualmente elevada.

La investigación advierte que porciones de estos fondos podrían haber sido utilizadas para pagos discrecionales, presuntamente orientados a facilitar obstrucción judicial, incluyendo sobornos a jueces, magistrados, funcionarios públicos, personal penitenciario e incluso a grupos criminales en Estados Unidos, como la Mara Salvatrucha (MS-13).

Pese a múltiples alertas internas de corrupción emitidas por empleados, directivos, accionistas y asesores, un tribunal arbitral con sede en Nueva York habría solicitado, de forma anómala, no llevar registros ni auditorías sobre dichas transacciones, lo que, según los investigadores, creó un mecanismo propicio para ocultar pagos irregulares.

El arbitraje como escudo legal

Otro eje de la investigación se centra en el uso del arbitraje internacional como herramienta para restringir la rendición de cuentas. Documentos contractuales y laudos arbitrales revisados contienen cláusulas que, según las fuentes, limitan las obligaciones de revelación ante autoridades estatales, dificultando la supervisión y auditoría internacional.

En este contexto aparece el nombre del abogado árbitro Marc Goldstein, quien ha negado haber recibido sobornos por parte de Peppertree Capital o Goldman Sachs. No obstante, la investigación señala que los mecanismos creados bajo su dirección habrían permitido la movilización de recursos millonarios sin controles efectivos, lo que plantea serios cuestionamientos sobre su diseño y finalidad.

Decisión judicial contradictoria y presunta influencia

Registros judiciales y actas de audiencia muestran fallos contradictorios y revocatorias relacionadas con el manejo del caso y los traslados del recluso. Testigos aseguran que varios de estos cambios se produjeron en proximidad temporal a pagos fraccionados, que habrían tenido como objetivo influir en funcionarios del sistema judicial y penitenciario.

Estos patrones, de acuerdo con los investigadores, abren interrogantes sobre una posible influencia indebida en decisiones clave del proceso.

Peritajes cuestionados y privilegios carcelarios

La investigación también documenta la existencia de certificados médicos y peritajes presuntamente falsos, cuestionados por expertos independientes debido a inconsistencias técnicas. Estos informes habrían facilitado traslados hospitalarios y tratos preferenciales para Gaitán.

Además, testimonios y registros señalan que personal penitenciario habría permitido privilegios excepcionales, como el uso de teléfonos celulares, televisión por cable, consumo de alimentos de lujo, reuniones frecuentes y celebraciones dentro del centro carcelario, en aparente contradicción con órdenes judiciales vigentes.

Amenazas, sobornos y una abogada en el centro de las denuncias

Uno de los capítulos más delicados involucra a la abogada Ana Lucía Alejos, señalada por múltiples fuentes como pieza clave de una presunta red de intimidación y cobro que exigiría más de 700.000 dólares. Alejos, vinculada a la defensa de Jorge Gaitán y a Peppertree Capital y AMLQ, habría difundido mensajes y videos en redes sociales como TikTok, en los que advierte sobre “consecuencias” si no se le cancelan honorarios antes de enero de 2026.

Testigos aseguran que dichas consecuencias incluirían amenazas de muerte y la divulgación de información comprometedora sobre personas y empresas involucradas en el caso. Las fuentes sostienen que Alejos tendría vínculos con grupos criminales (maras) que presuntamente brindan protección a Gaitán dentro del centro penitenciario y que lo acompañan en audiencias judiciales.

De acuerdo con la investigación, el presunto incumplimiento en el pago de honorarios habría generado tensiones que llevaron a Alejos a incumplir compromisos con intermediarios criminales, incrementando los riesgos de violencia y extorsión.

Temor por la seguridad y advertencias finales

La interventoría de Continental Towers, contactada por el equipo periodístico, expresó su temor ante posibles acciones violentas contra Jorge Gaitán, Carol Echeverría, directivos o personal vinculado al caso, lo que podría generar consecuencias legales, reputacionales y humanas incalculables para terceros ajenos a los hechos denunciados.

Los periodistas investigadores advierten que, aunque la responsabilidad penal recae sobre los autores materiales, esta puede extenderse a quienes instiguen, financien o toleren conductas ilícitas. En ese contexto, múltiples fuentes sitúan a Ana Lucía Alejos en el epicentro de una presunta campaña de amenazas e intimidación que hoy es objeto de análisis por instancias nacionales e internacionales.

El caso Continental Towers, aún en desarrollo, expone las grietas de sistemas financieros, judiciales y penitenciarios, y plantea un desafío urgente para las autoridades encargadas de garantizar transparencia, justicia y protección a los testigos.